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Relator advierte sobre peligro de
criminalización de protesta indígena

Eduardo Tamayo G.

ALAI AMLATINA, 04/05/2006, Quito.-  “Me voy preocupado en
general por la situación indígena y me voy muy preocupado por
algunas situaciones particulares”, señaló el mexicano Rodolfo
Stavenhagen, Relator especial de las Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los pueblos indígenas, al concluir su visita al Ecuador que inició
el pasado 25 de abril.


Discriminación y excesiva represión

Durante los meses de marzo y abril, el movimiento indígena
protagonizó una serie de movilizaciones para oponerse a la firma
del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos y
exigir la caducidad del contrato con la empresa petrolera
estadounidense OXY por incumplimiento del contrato firmado con
el Estado ecuatoriano.

Tras entrevistarse con las más altas autoridades del Estado,
representantes de todos los pueblos y nacionalidades indígenas,
autoridades locales y otros actores, el Relator manifestó que
“estas movilizaciones generaron una respuesta que a todas luces
parece desmesurada por parte de las autoridades, porque hubo
represión en algunas instancias de ese movimiento en algunas
partes, hubo actos de discriminación contra los indígenas que se
dirigían a la reunión de Quito y a otras partes; la fuerza pública
detuvo a los indígenas, los bajó de los autobuses porque usaban la
vestimenta indígena”.  Agregó, sin embargo, que hay puntos de
vista diferentes sobre el impacto de estas movilizaciones en otros
sectores de la sociedad en los que “hubo el temor de que las
movilizaciones pudieran interrumpir el orden público, el libre
tránsito, las actividades y el flujo de abastos”.

Según el Relator, estas últimas movilizaciones han polarizado a la
opinión pública, algo que es muy delicado para el país y que debe
ser atendido por todos los sectores y por las autoridades a fin de
“negociar las diferencias”.  “En la prensa hubo un discurso de tinte
racista por parte de algunos comentaristas que va en contra de la
tradición que el Ecuador siempre ha tenido y en contra de la
tolerancia mutua y de la convivencia que es la base de la
resolución de los conflictos”, añadió.

Pero además de referirse a estas situaciones de represión y
discriminación, el sociólogo Stavenhagen, señaló que “hay un
peligro en estas movilizaciones recientes que es la posible
criminalización de la protesta social, aplicando el derecho penal a
legítimas expresiones que en este caso era con respecto al TLC,
pero que pueden ser con respecto a la presencia de la OXY en el
país… Y esto plantea un desafío para el libre ejercicio de los
derechos humanos y para la protección de los mismos no solo de
los pueblos indígenas sino de todos los sectores del país”.


Se agudiza la pobreza

Tras recorrer cinco provincias del país (Pichincha, Imbabura,
Esmeraldas, Chimborazo y Pastaza), una primera conclusión del
Relator es que “los pueblos indígenas continúan en situación de
pobreza a pesar del crecimiento económico de los últimos años.
La débil respuesta de las estrategias de desarrollo ante los
problemas acumulados de falta de empleo de las comunidades
indígenas contribuye a fomentar el incremento de las migraciones
de sus miembros.  A la pobreza rural se suma de manera
creciente la difícil condición de los indígenas en el sector urbano.
La situación de las mujeres indígenas en ese contexto es
especialmente vulnerable”, dice un comunicado distribuido a la
prensa,

Así mismo, los pueblos indígenas carecen de un adecuado acceso
a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud.
“Las niñas indígenas continúan siendo las más marginadas en el
proceso educativo.  Los programas de educación intercultural
bilingüe no han dado los frutos que se esperaban debido,
principalmente, a la falta de recursos presupuestarios y técnicos.
Lo mismo ocurre en el área de la salud indígena.  La mortalidad
infantil y la falta de acceso a servicios de salud en las áreas
rurales son particularmente preocupantes”.

En materia jurídica, se concluye que “a pesar del reconocimiento
constitucional de los derechos de las nacionalidades y pueblos
indígenas, persisten grandes retos para su protección y promoción
efectivas.  Los avances logrados en la Constitución de 1998 se han
visto limitados por la falta de desarrollo legislativo y la débil
aplicación de las normas.  No se ha legislado en materia indígena
sobre la consulta previa, libre e informada, la salud y la jurisdicción
indígena”.

Varias situaciones de conflictividad ligada a la disputa de
competencias y a eventuales violaciones del derecho a la vida y a
la integridad física se están produciendo por la falta de
reglamentación en materia de justicia indígena.

Con respecto a los pueblos que viven en la Amazonía ecuatoriana,
el Relator expresó su preocupación por el deterioro progresivo del
hábitat indígena y el impacto de las actividades extractivas como
la minera, petrolera y maderera sobre el medio ambiente y los
derechos de los pueblos indígenas.

Rodolfo Stavenhagen, que fue designado como Relator de pueblos
indígenas en el 2001, presentará en dos o tres meses un informe
al flamante Consejo de Derechos Humanos, cuyas
recomendaciones espera que sean consideradas por el gobierno y
los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.

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