11 de Febrero de 2008
El Estado Plurinacional es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990.
El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una Asamblea Constituyente que declare al Estado ecuatoriano como plurinacional. En 1997 el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año que declaró al Estado ecuatoriano como y multicultural, pero no como Estado Plurinacional.
Para fines de la década de los años noventa, el concepto de Estado Plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento indígena de Bolivia, y también de los pueblos mapuches de Chile. La Constitución Boliviana, recientemente aprobada, reconoce al Estado boliviano como Estado Plurinacional. En España, existe un fuerte debate para declarar al Estado Español como Estado Plurinacional. El Estado belga, de su parte, reconoce la existencia de diferentes nacionalidades y les reconoce los respectivos derechos políticos.
Los conceptos básicos del Estado Plurinacional, como aquellos del derecho al territorio, reconocimiento del autogobierno, y el estatus de autonomía, han sido reconocidos por diferentes instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y la recientemente aprobada Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana también ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas, en especial, el derecho al territorio. El Ecuador ha aprobado estos convenios internacionales y ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.
El Estado Plurinacional no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomías sin solidaridad nacional. El Estado Plurinacional plantea la UNIDAD EN LA DIVERSIDAD, en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios.
El Estado Plurinacional no significa un estado federal, sino un estado que pueda incorporar a su interior la profunda diversidad cultural y política que lo atraviesa. En el Ecuador existen 13 nacionalidades y 16 pueblos indígenas, sin embargo, la estructura del Estado y la forma de la nación, no reconocen esa profunda diversidad. El Estado ecuatoriano se ha estructurado y definido desde una sola cosmovisión, aquella occidental y moderna, que no reconoce la diversidad cultural y política.
El Estado ecuatoriano reconoce, en la práctica, a una sola lengua como mecanismo de integración social y desde la cual se articula toda la institucionalidad pública y privada, sin embargo, en el Ecuador se hablan trece lenguas. El Estado reconoce una sola forma de organización política, cuando los pueblos y nacionalidades indígenas poseen instituciones ancestrales que no han sido reconocidas por el Estado. El Estado ha asumido una intervención directa sobre los territorios indígenas a nombre del bien común y ha irrespetado el derecho al territorio que tienen las nacionalidades indígenas.
El Estado ecuatoriano se ha constituido históricamente desde la exclusión, la violencia, la subordinación, el racismo y el paternalismo. La primera Constitución ecuatoriana de 1830 establece el carácter censatario del Estado y la democracia: En esta primera Constitución se definen los requisitos de ciudadanía y sus derechos:
"Art. 12. Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía se requiere: 1) Ser casado, o mayor de veintidós años; b) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. 3) Saber leer y escribir."
En esta misma Constitución política del Ecuador, en su título VIII, "De los derechos civiles y garantías", existe un artículo revelador de cómo ven las élites que construyeron la república a los pueblos y nacionalidades, y su rol en su proyecto de nación y de país:
"Art. 68. Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad a favor de esta clase inocente, abyecta y miserable."
Los pueblos y naciones indígenas no tuvieron acceso a la ciudadanía, sin condiciones censatarias, sino hasta la Constitución de 1998. Sin embargo, toda la estructura institucional del Estado, ha excluido hasta el día de hoy a los pueblos y nacionalidades indígenas. Los idiomas, las instituciones, los referentes culturales, los territorios, la cultura de los pueblos y nacionalidades han sido invisibilizados, despreciados, subordinados, intervenidos o convertidos en objetos de folclor.
Esto ha determinado que la forma y estructura del Estado ecuatoriano, tal como es hasta ahora, conduzca al etnocidio y a la desaparición y amenaza de extinción de algunas nacionalidades y pueblos. Fue el caso del etnocidio de la nación Tetete, la desaparición del pueblo Zámbiza, y la amenaza de etnocidio a la nación Zápara, a la nación Andoa, y a los Tagaeri y Taromenane.
Otras nacionalidades y pueblos indígenas han sido presionados y expulsados de sus territorios por las actividades petroleras, madereras, mineras. Se ha criminalizado la resistencia de las organizaciones indígenas en contra de la explotación de sus territorios. Se han contaminado las fuentes de agua, se han irrespetado los lugares sagrados, se ha comercializado la cultura, y se han hecho caso omiso de los derechos de los pueblos y naciones indígenas, convirtiéndolos en objetos de políticas paternalistas de desarrollo y de integración a un proyecto de Estado uni nacional violento y racista.
Los pueblos y naciones indígenas plantean una profunda reforma a la política, a la democracia y a las instituciones a través de la declaración del Estado Plurinacional.
El Estado Plurinacional es una nueva forma de contrato social que respeta y armoniza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas con la estructura jurídica y política vigente, reconociéndolos en su estatus de sujetos políticos con plenos derechos.
El contrato social establecido en la actual Constitución, reconoce y admite la existencia de un solo sujeto jurídico al cual le otorga derechos fundamentales y sobre el cual define y estructura los sistemas de representación política, los sistemas de administración de justicia, y los marcos institucionales del Estado.
Ese sujeto que ha sido reconocido por la Constitución es el individuo moderno, susceptible de poseer y ejercer efectivamente sus derechos fundamentales (a la vida, a la libertad, a la propiedad, al trabajo, a la expresión, organización, etc.).
Sobre este individuo moderno se establecen los mecanismos de aplicación y ejercicio de estos derechos básicos, además de la forma y estructura del Estado, la justicia, e incluso los regímenes de desarrollo, educación, ciencia, tecnología, salud.
Los pueblos y nacionalidades son radicalmente diferentes al sujeto jurídico moderno. Su forma de vivir, sus instituciones, su relacionamiento con el entorno, su cultura, sus saberes, no son los mismos que aquellos del sujeto moderno individual.
Los pueblos y nacionalidades han generado de manera atávica formas complejas de relacionamiento comunitario que no comparten los fundamentos de base con el sujeto moderno individualizado. Son formas de comprender la vida, la sociedad, la política, el Estado, la justicia, el conocimiento, y la naturaleza de manera distinta.
El Estado Plurinacional, entonces, reconoce y admite a su interior, en su parte dogmática, en su parte de derechos y garantías fundamentales, y en su parte procedimental y organizativa, la existencia de otros sujetos políticos además del sujeto moderno individualizado.
El Estado Plurinacional otorga a los pueblos y nacionalidades un estatus de sujetos jurídicos y políticos diferentes pero al mismo nivel de reconocimiento ontológico que el sujeto individual moderno, y de la misma manera que reconoce a los derechos del sujeto moderno, como derechos humanos fundamentales, debe ahora reconocer que los nuevos sujetos (nacionalidades y pueblos) poseen también derechos fundamentales.
El Estado Plurinacional otorga un estatus de reconocimiento ontológico en el ámbito jurídico y político a la diferencia radical que caracteriza a las nacionalidades y pueblos. Como sujetos ontológicamente reconocidos por el Estado y la sociedad, sus derechos fundamentales se convierten en derechos ontológicamente validados y socialmente necesarios. La validez de sus derechos es jurídicamente universal al interior del Estado que ahora se reconoce como Plurinacional.
Si bien es cierto que existen los derechos colectivos, también es cierto que la vigencia de los derechos colectivos no implican necesariamente la vigencia del Estado Plurinacional. Se trata, entonces, de avanzar desde el reconocimiento de los derechos colectivos, hacia la fundamentación de un nuevo contrato social que incorpore a los nuevos sujetos jurídicos y políticos expresados en los pueblos y nacionalidades.
El Estado Plurinacional es un estado que ha incorporado a su Contrato Social a otros sujetos fundamentales diferentes además del sujeto moderno, que les reconoce un estatus de existencia ontológica-jurídica, y que redefine los contenidos de toda su institucionalidad de tal manera que se garanticen, protejan y apliquen de manera efectiva los derechos de todos los sujetos que conforman este nuevo Contrato Social.
El Estado Plurinacional puede, entonces, ser definido como el Estado que reconoce y garantiza el ejercicio, la aplicación y la vigencia de los derechos fundamentales de varios sujetos ontológicamente reconocidos como tales: desde el sujeto moderno (el ciudadano) hasta los nuevos sujetos (nacionalidades y pueblos).
Si el derecho a la vida es el primer derecho fundamental y ontológico del sujeto moderno (ciudadano) y el Estado debe proteger y garantizar a ese derecho, entonces el derecho al territorio y a la cultura deben ser un primer derecho fundamental y ontológico del sujeto definido en los pueblos y nacionalidades, y el Estado Plurinacional debe proteger y garantizar ese derecho.
De la misma manera que atentar a la integridad de la vida es un delito grave, atentar a la integridad de los territorios o de la cultura del sujeto contenido en los pueblos y nacionalidades, debe ser también considerado como un delito grave.
La tierra y el territorio son dimensiones fundamentales del derecho del sujeto jurídico-político contenido en los pueblos y nacionalidades. Son los elementos básicos que los constituyen como diferencia radical con respecto al sujeto moderno. El sujeto moderno se ha desprendido de su relación cultural de la tierra y el territorio, y conserva como derecho fundamental solamente su derecho a la vida y a la libertad.
Continúa...
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