Por Floresmilo Simbaña

“Una Constitución es un objeto lingüístico con muy peculiares características. Su función como conjunto de enunciados no es la de denotar una realidad ya existente, sino la de fundar una nueva entidad política que coincide con el sujeto constituyente…

…Dentro de los preformativos, la Constitución tiene además una particularidad, la de ser estrictamente autorreferencial, pues la realidad instituida coincide con el sujeto que la enuncia.”

John Brown: El Sujeto de la Constitución Europea

Revista Viento Sur. 2003

INTRODUCCION

Sin duda el Ecuador atraviesa una crisis política muy profunda, razón por la cual amplios sectores sociales y organizaciones exigen la convocatoria de una Asamblea Constituyente -AC-, como vía para superar tal situación. Ésta exigencia se ha convertido en una posibilidad cierta e irreversible tanto por la presión social activa y permanente, cuanto por la intención expresa del actual presidente Rafael Correa de responder a tales reclamaciones y que fuera parte de sus ofertas de campaña.

En este contexto social y político las preguntas sobran, no así las respuestas. Desde los sectores populares y desde una perspectiva de cambio las interrogantes más urgentes son sobre las reales capacidades de una AC, ¿acaso no es una coyuntura política marcada por el reacomodo y renovación de los sectores tradicionales del poder que buscarían en la AC reformar los aparatos estatales de acuerdo a los actuales movimientos del capital?, ¿elaborar una nueva Constitución realmente implica cambiar las estructuras políticas, económicas, jurídicas y social realmente constituidas?, ¿es posible abrir espacios para marcar y/o iniciar procesos de verdadera transformación sociopolítica del país?, ¿se puede realizar estos cambios exclusivamente desde la AC?, ¿qué papel debe jugar el gobierno en un proceso constituyente?, ¿qué exigencias demanda este proceso a las distintas fuerzas y organizaciones sociales?, etc.

La necesidad de una AC como mecanismo para abrir y profundizar un proceso de transformación del país fue puesta por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE a finales de la década de 1980, y que luego será el punto básico de la propuesta de plurinacionalidad: “La Carta Política Fundamental de la República del Ecuador vigente, no refleja la realidad plurinacional del país. En tanto fue elaborada por los representantes de los sectores dominantes, es excluyente e impositiva y no responde a la realidad imperante. Para lograr la solución de los problemas jurídicos, políticos, sociales y económicos del Ecuador y hacer de la Constitución un instrumento que permita el funcionamiento efectivo del aparato estatal, y que sea el motor principal del desarrollo integral de la sociedad, es necesario y urgente contar con una nueva Constitución política...”.

Durante toda la última década del siglo XX y lo que va del XXI la lucha social contra la implementación del modelo neoliberal y los problemas históricamente no resueltos, donde el movimiento indígena fue uno de sus principales protagonistas, la propuesta de convocar una AC fue adquiriendo cada vez más consensos.

En éste periodo y producto de que la crisis y corrupción del sistema político llegara a niveles insultantes, las movilizaciones sociales provocaran en febrero de 1997 el derrocamiento del gobierno de Abdalá Bucaram. En éste contexto la realización de una Constituyente se hizo ineludible, por lo que el gobierno interino de Fabián Alarcón tuvo que convocar elecciones de asambleístas. Finalmente, a fines de 1997 se instala la Asamblea Nacional Constituyente ANC, la misma que se disolvería el 5 de junio de 1998 inmediatamente después de promulgar una nueva Constitución Política. La que actualmente rige.

Por varias circunstancias la Asamblea Nacional Constituyente de 1997-8 no cumplió con el mandato de la mayoría de la sociedad ecuatoriana, mucho menos del movimiento indígena, tampoco resolvió la crisis económica y política imperante. De los 76 miembros que lo conformaron, las fuerzas populares y de izquierda, entre quienes contaban los representantes de los pueblos indígenas, sumaban apenas 17, absoluta minoría; 59, fueron representantes de la derecha oligárquica y neoliberal. Razón por la cual la Constitución que de ella derivó no hizo otra cosa que rearmar un nuevo marco estatal y jurídico que reconocía y profundizaba el modelo neoliberal implementado por los gobiernos precedentes, y cerró además las pocas aperturas democráticas contempladas en la carta constitucional anterior; así: se anuló la categoría de “áreas estratégicas del Estado” para el petróleo, agua, telecomunicaciones, electricidad, entre otros, por lo que ahora son susceptibles de privatización, se configuró un sistema presidencialista que raya en una dictadura constitucional, se eliminó las elecciones de medio periodo de los diputados, así también la figura de los diputados nacionales, se fijó la autonomía del Banco Central, se prohibió el derecho a huelga en empresas e instituciones públicas, entre otras cosas.

Si bien reconoció varios e importantes derechos civiles y políticos, como ampliación de los derechos de las mujeres, los jóvenes, de la tercera edad, los derechos colectivos para los pueblos indígenas, la nueva carta constitucional esta lejos de significar una apertura democrática ya que no fijó ninguna nueva institucionalidad que los haga viable, mucho menos promueve la equidad social en los ámbitos económicos y políticos.

Por eso la CONAIE y los demás sectores sociales progresistas hoy consideran a esa ANC como “fracasada” ya que no resolvió la crisis estructural del país ni respondió a los objetivos de su convocatoria.

Sus consecuencias no se hicieron esperar, al año siguiente se desató una profunda crisis económica, resumida en el desfonde del sistema financiero nacional, luego vino la caída del gobierno de Jamil Mahuad, el 21 de enero del 2000, seguido de la dolarización, un acelerado aumento de la emigración social por razones económicas, la ilegitimidad del sistema político se hacía cada vez más evidente, finalmente, y pese al aumento presupuestario por la subida de los precios del petróleo y de las remesas de los migrantes, la crisis se llevó a un tercer gobierno, Lucio Gutiérrez cae el 20 de abril del 2005.

La persistencia de estas condiciones sociales, económicas, políticas y la subsistencia de problemas estructurales e históricos irresolutos hacen que en la conciencia de la sociedad ecuatoriana y en particular del movimiento indígena, se mantenga la necesidad de convocar de una AC como mecanismo valido y legítimo para sentar las bases estructurales de resolución de los mismos.

Y, considerando que la coyuntura actual es la condensación de varios factores: por un lado de por lo menos veinte años de procesos de lucha y resistencia de los pueblos contra el modelo neoliberalismo y sus respectivas persistencia en buscar, experimentar y construir diversas propuestas que han ido encarnándose en la sociedad y que terminarían por llevar a Rafael Correa al gobierno. Y por otro lado, el triunfo electoral de una propuesta que se levanta sobre ese acumulado, que le inyecta nuevos imaginarios nacionales, será puesto como una fuerza nueva y con posibilidades de viabilidad y concreción. Esta convergencia ha abierto una situación política y social que “puede” significar procesos reales de cambio estructural a favor de los sectores históricamente marginados, explotados y discriminados.

Pero ésta perspectiva choca con esa otra realidad: un Estado neoliberal y un sistema político, si bien fuertemente deslegitimados, pero que no estarían derrotados, ya que tenemos un Congreso Nacional controlado absolutamente por los partidos de derecha, PSP, PRIAN, UDC, PSC, PRE y a través de éste las principales instancias estatales, con los que amenazan con impedir cualquier posibilidad de cambio, incluso ya no con impedir la AC, sino cooptarla y hacerla fracasar desde adentro. Así actúan, han obligado al gobierno a tranzar el estatuto y la convocatoria a la AC, están conformando “nuevas organizaciones ciudadanas” tipo movimiento UNO, despliegan propaganda política mediática y “académica” de minimización y/o distorsión de los alcances de una Constituyente, Lucio Gutiérrez y el PSP se lanzaron anticipadamente a una campaña por la constituyente con recorridos por las provincias.

Por todo esto, es necesario y urgente que las distintas organizaciones y movimientos progresistas y de izquierda profundicemos en el debate sobre los reales significados de una AC y sobre las condiciones necesarias para que cumpla con las aspiraciones de las mayorías.

Sigue...