![]() | Quito, 20 de marzo del 2006
Oficio No.051-APDH-06
Señor
Enrique Proaño
PORTAVOZ PRESIDENCIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Presente
Señor Proaño:
En representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, y en referencia a sus declaraciones públicas expresadas el día Viernes 17 de marzo en relación a la movilización indígena y social en el país, nos permitimos expresar nuestro repudio a la satanización discursiva que usted ha esgrimido en contra de las organizaciones indígenas y sus líderes, así como en contra de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y de cooperación en el país (ONGs).
En efecto, su pronunciamiento de que “el gobierno nacional procederá a investigar el -supuesto- financiamiento internacional” de las organizaciones sociales, en el presente caso la CONAIE, es una vieja y equivocada estrategia, antes esgrimida sucesivamente por los impopulares gobiernos de Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, que -como todo poder- no pudieron explicarse el grado de movilización, organización y descontento social, sino es a través de la sospecha y del difamatorio rumor, con los que hoy se vuelve a pretender echar dudas contra la masiva presencia indígena y campesina que ha colocado en el escenario nacional un tema (la oposición al TLC) que solamente pareciera ser “democrático” y “aceptable” si lo asienten los gremios empresariales privados, los delegados del equipo negociador del Dr. Alfredo Palacio -que son exactamente los mismos que nombraron Gutiérrez y Baki-, las elites mediáticas, la vieja partidocracia y el oscuro ministro de comercio exterior, quien no se basta con haber tildado de “Ben Laden” a todos los que se opongan al TLC, en muestra de lo que entiende por respeto a los disensos en el país, sino que ha citado -folklore autoritario de por medio- que el informe crítico de CEPAL sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio, (los indígenas) "pueden echarlo al bote de basura".
Sus expresiones públicas, señor Proaño, de que el gobierno ecuatoriano expulsará a las ONG´s de la sociedad civil “que hayan financiado a la CONAIE en este levantamiento”, sólo tienen parangón emocional y antecedente geográfico en el régimen de León Febres Cordero, que similarmente intentó atacar a las ONG´s y fundaciones de aquel entonces a raíz de su derrota en el plebiscito de 1986; cuanto en la conducta y declaraciones amenazantes de un gobierno altamente autoritario como el del señor Álvaro Uribe en Colombia, quien hiciera similares amenazas hace un año, y que le costaron al gobierno colombiano los reclamos justificados de la Unión Europea y de ONG´s internacionales, lo que obligó a que diera marcha atrás a su altisonante amenaza.
Por contraste con la maniquea amenaza que usted ha esgrimido, es decidor en cambio el silencio del gobierno actual y de usted en particular, ante una iniciativa que públicamente argumentó tener financiamiento privado: la marcha de los mega-empresarios (algunos de los cuales participan en el llamado "equipo negociador") en la tarde del mismo Viernes 17 de marzo, en favor del TLC, sobre la cual existen suficientes muestras de que fue financiada íntegramente por los poderosos gremios empresariales privados, para pagar el transporte de sus empleados a Quito, el refrigerio, las camisetas, la capucha contra la lluvia y los carteles entregados a sus empleados y trabajadores que fueron "coaccionados" a participar en esa marcha.
Es más, a diferencia de la preocupante represión que durante estos días hemos registrado en Quito y el país contra casi toda movilización pacífica de los sectores que cuestionan el TLC, su Gobierno dispuso que la Policía Nacional esté al servicio, dé protección y escolte a los empresarios y su marcha, sin que se conozca si hubo autorización para la misma y para el cambio de su ruta, decidido a última hora.
Tenga la plena seguridad que los organismos de DDHH del país nos dirigiremos a toda la comunidad internacional, a las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea y a los Organismos No Gubernamentales del mundo, así como al Sistema de Naciones Unidas que legitima, apoya y promueve la presencia y trabajo de las ONG´s en el mundo y, por ende, en el Ecuador, a fin de que conociendo el desliz autoritario que se desprende de su discurso, soliciten explicaciones de tan asombrosa amenaza, al Presidente de la República y a su Cancillería.
El jueves 16 de marzo, el Presidente del desprestigiado Congreso Nacional, el diputado Wilfredo Lucero, en declaraciones reproducidas en medios internacionales (tenemos la nota de Caracol Radio) citó, sin prueba alguna ni un mínimo de rubor ético, que tras la movilización indígena “podía existir el financiamiento de Venezuela”, irresponsable y distorsionador combustible que el poder echa al fuego de la crítica situación del país y que, seguramente, provocará más de una mortificación diplomática internacional.
Ahora usted insinúa -en declaraciones que están recogidas en los medios internacionales, y que traerán seguramente varias reacciones diplomáticas de preocupación- que tras la movilización de la CONAIE estarían “las ONG´s de la sociedad civil” las mismas que 2serán expulsadas del Ecuador de comprobarse si han financiado las marchas indígenas".
La APDH considera que sus declaraciones han sido otro desafortunado paso más, dado con prudencia de elefante en cristalería, en la escalada de confrontación que el régimen ha privilegiado en lugar del diálogo, con un sector social tan postergado y a la vez tan importante del país como el movimiento indígena.
Esperamos de usted, del Presidente de la República y del gobierno, las rectificaciones pertinentes a un criterio que, a no dudarlo, consideramos que afectará la ya deteriorada imagen del Ecuador en la arena internacional y que, tal vez, intente afectar la importante cooperación al desarrollo nacional, y del sector rural en particular, que -como le consta a la Cancillería- se entrega por parte de la comunidad mundial y de las ONG´s a un país cuyo Estado caduco sólo sirve a minorías y es incapaz de llenar los huecos de las reivindicaciones sociales que desatienden gobiernos como el actual.
Sus prejuicios políticos, emanados de su conocida posición conservadora y trayectoria en gobiernos de derechas, no le ayuda en sus delicadas funciones actuales, pues tratar como usted está tratando la problemática indígena y el malestar social, en función de “cucos internacionales”, retrata la triste radiografía de un funcionario que no es capaz sino de ver “fantasmas internacionales” en toda protesta. Antes de la entrada en escena de los indígenas en el país, ese fantasma en Ecuador fue el comunismo, hoy pareciera ser lo que, sin solidez alguna, denominan “el populismo”. El jueves inauguró Lucero la tesis “Venezuela”. Y el viernes 17 usted criminalizó a “las ONG´s”, a las cuales, además, amenazó con expulsión “si se comprobare que financian las movilizaciones”.
‘Cada ladrón juzga por su condición’, dice el dicho popular. Quien cree que los demás tienen precio, es porque -hace tiempo- puso precio a su propia vida.
Como le dijimos a la 'pichi'-Corte, que en su momento intentó amenazarnos igual que usted, como le respondimos al abdalato, sixto-durato, mahuadato, noboato y gutierrato en su tiempo, hoy le respondemos al presente gobierno:
“Les esperamos, señores, venid, están abiertas todas las cuentas y puertas de las ong´s de DDHH que apoyamos a todos los pueblos del Ecuador, incluyendo a los indígenas, y no de ahora, sino de siempre. Venid, no les tenemos absolutamente el más mínimo temor. Expúlsennos, hagan el ridículo ante el mundo”.
Alexis Ponce
APDH DEL ECUADOR
c.c. Sr. Alfredo Palacio, Presidente de la República
Cancillería
Ministerio de Trabajo
Sociedad Civil
Organizaciones de Derechos Humanos y ONG´s del mundo
Embajadas de la Unión Europea y América acreditadas en Quito.
Com. 630-CSMM-06
Quito, marzo 17 del 2006
BOLETIN DE PRENSA
Respuesta a Enrique Proaño, Secretario General de Comunicación:
ONGs de desarrollo contribuyen a la promoción y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales
La labor lícita y pública de las organizaciones no gubernamentales internacionales aporta sustancialmente a la promoción y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de una mayoritaria población excluida y marginada en el país, afirmaron esta tarde Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador, y Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”.
Para los dos dirigentes del movimiento ecuatoriano de derechos humanos, las recientes declaraciones públicas del secretario general de Comunicación, Ernesto Proaño, sobre una probable expulsión de las ONGs presuntamente implicadas en las movilizaciones indígenas contra la firma del TLC con los EUA, revelan un desconocimiento absoluto no sólo de los procedimientos de la cooperación internacional en el país sino de las normas y estándares internacionales de derechos humanos que garantizan la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
La “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que “los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación”.
Ponce y De la Vega reconocieron el aporte de alrededor de 80 ONGs internacionales que operan legalmente en el país, a través de convenios suscritos con el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y demandaron de Proaño una rectificación pública de sus desacertadas declaraciones que paradójicamente desconocen los aportes de la cooperación internacional, a través de aproximadamente 300 proyectos, algunos de alcance regional y nacional, mediante recursos técnicos y financieros cercanos a 70 millones de dólares.
Los dos defensores de derechos humanos reiteraron, a propósito de las declaraciones del vocero gubernamental, sus temores sobre las graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos), en particular de los campesinos e indígenas ecuatorianos, que provocaría la suscripción del Tratado Andino de Libre Comercio con los EUA, por el Estado ecuatoriano.
Mayor información:
Alexis Ponce, APDH, telf. 096-019-109
Pablo de la Vega, CSMM, telf. 098-220-960
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